Rechazo Reforma a la Ley de Derechos por permitir derroche de recursos públicos: JAMC
Ciudad de México, Méx. En su intervención más reciente en el Senado de la República, el senador Toño Martín del Campo, representante de Aguascalientes, expresó su voto en contra de la reforma a la Ley Federal de Derechos. El legislador destacó que este dictamen no responde a las necesidades más urgentes del país, sino que acentúa las desigualdades y afecta a los sectores más vulnerables.
El senador señaló que el incremento en cobros propuesto en la reforma impactará negativamente a las familias mexicanas ya que lo recaudado se destinará a financiar proyectos sin resultados como el Tren Maya, el AIFA y la Refinaría de Dos Bocas.
Durante su discurso, Martín del Campo enfatizó que las prioridades del presupuesto nacional deberían centrarse en resolver problemas fundamentales. La reducción del 31% en el presupuesto destinado a la salud implica menos recursos para medicamentos, hospitales y personal médico, lo que pone en riesgo a las familias que ya enfrentan dificultades para acceder a servicios básicos.
El legislador también lamentó la eliminación de estímulos fiscales al deporte de alto rendimiento, decisión que considera un retroceso para estados como Aguascalientes, conocido por su talento deportivo. En contraste, los recursos continúan destinándose a megaobras que no han ofrecido resultados tangibles.
Toño Martín del Campo hizo un llamado a redirigir los recursos hacia áreas que verdaderamente impacten en la calidad de vida de las personas. Recalcó que la salud, con hospitales equipados y medicamentos accesibles, la educación, con instalaciones y programas que brinden oportunidades a los jóvenes, y el desarrollo del campo, mediante infraestructura agrícola e hídrica adecuada, son pilares fundamentales para el crecimiento del país.
Reiteró dar su voto en contra, porque el gobierno anterior prometió ahorrar 300 mil MDP con su austeridad republicana, cuando en realidad no lo hizo y por el contrario, incrementó el nivel de la deuda pública de 6.6 a 17.6 billones de pesos en los 6 años anteriores, por lo que “no podemos permitir que las megaobras estén por encima de las necesidades esenciales de nuestra gente”, concluyó